- En México, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y el 67.5% de las madres solteras enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INEGI).
Se considera deudor alimentario a todo aquel que tiene la obligación de brindar alimentos, esta obligación está arraigada a los concubinos, conyugues, los padres, los hijos, el adoptante, el adoptado en las condiciones que dispongan los códigos civiles, y códigos y leyes para la familia de las entidades federativas que resulten aplicables.
Ahora bien, que son los “alimentos”, el concepto engloba todo aquello que es indispensable para el sustento del acreedor alimentario, como habitación, vestido, asistencia médica y educación.
En nuestro país es muy común que deudores alimentarios dejen de cumplir con esta obligación de manera intencional, además de recurrir a malas prácticas para seguir incumpliendo con esta norma, por ejemplo, optan por cambiar de residencia para así colocarse en una situación de ilocalizable, dejar de prestar servicios en la empresa en la que recibe un salario e incluso ponerse de acuerdo con la empresa para declarar menos ingresos, afirmar que se encuentra desempleado, entre otros.
Esta situación es y tiene que ser tratada por obligación constitucional por el estado, ya que está obligado a garantizar el derecho de estas personas a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, y es que en diversas disposiciones a nivel nacional los códigos civiles que hablan sobre la familia también toman como obligación alimentaria el deposito, la prenda, la hipoteca y la fianza; sin embargo, en muchos casos estas garantías resultan insuficientes y el deudor alimentario continua con el incumplimiento.
Es por eso que además de las vías legales que existen para denunciar a los deudores alimentarios, se creó el registro de deudores alimentarios morosos como otra alternativa para ejercer presión social y lograr que los obligados alimentarios se responsabilicen.
En México, en marzo del 2023, fue aprobada la Ley Sabina, esta ley consiste en reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias, es decir, la ley sabina a los deudores alimentarios a cumplir con la obligación se satisfacer las necesidades de sustento y supervivencia de sus hijos.
Con esta ley, se estableció como requisito la presentación de un certificado que demuestre que no está inscrito en el registro nacional de obligaciones alimentarias, este documento se volverá necesario para poder tramitar licencias de conducir, pasaporte o documentos de identidad, participar como candidato de elección popular e incluso restricciones migratorias para evitar que puedan dejar el país.
