Diputadas concordaron en eliminar el delito del Código Penal estatal, porque inhibe la libertad de expresión y atenta contra los derechos humanos
Redacción AR
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense perfila derogar del Código Penal estatal el delito de ultraje en contra de personas servidoras públicas, por considerar que inhibe la libre expresión, atenta contra los derechos humanos y representa una protección desproporcionada de la autoridad y las personas servidoras públicas de la entidad.
En sesión de trabajo para abrir el estudio de las iniciativas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el grupo parlamentario MC, diputadas de morena, PRI, PAN y MC, coincidieron en que se observa ambigüedad y aplicación injusta al arbitrio del ofendido en el delito, y que no se respetan los derechos humanos ni el principio pro persona, al imputar a una persona que expresa opinión sobre otra del ámbito público.
Ante Luis Miguel Carriedo Téllez, titular de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, la diputada morenista Nelly Brigida Rivera Sánchez agregó que, la iniciativa facilita a las y los funcionarios expresarse sin limitaciones, lo que derivará en una mejor rendición de cuentas.
En tanto, la parlamentaria Jennifer Nathalie González López apuntó que, como actualmente se define este delito, puede usarse como un instrumento para el control de las personas. Por su parte, la parlamentaria priista, María Mercedes Colín Guadarrama, respaldó la iniciativa y resaltó que el delito de ultrajes (enmarcado en las llamadas leyes de desacato) no es compatible con la protección de los derechos humanos.
De acuerdo con la propuesta para derogar este delito del Código Penal, el ultraje es toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra alguna persona servidora pública, estatal o municipal, o contra instituciones públicas, que pueda implicar ofensa o desprecio.
Cabe señalar que, actualmente, a quien ejecute ultrajes contra instituciones públicas se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de 30 a 150 días multa. Así como que, si se cometieren en contra de una persona servidora pública, se impondrán de seis meses a un año de prisión y de 30 a 100 días multa.
