En la 24ª Sesión Ordinaria, se expresaron las consideraciones con respecto a la entrega de documentos que acrediten el nivel de estudios de quienes trabajan en instancias gubernamentales
Redacción AR
Durante la 24ª Sesión Ordinaria del Pleno, el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), José Martínez Vilchis, puntualizó que, la pura lógica ciudadana demanda que les entreguen la información a quien solicite saber qué estudió la persona que los va a dirigir; por lo tanto, el nivel de estudios de los servidores públicos, se encuentra inmerso en la información curricular que constituye parte de sus obligaciones de transparencia comunes, además de que su entrega favorece la rendición de cuentas.
Y por si hubiese confusión, dijo, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que los sujetos obligados deben difundir su nivel máximo de estudios concluido y comprobable en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Respecto a este asunto, la Comisionada Mejía Ayala detalló, en su voto disidente, que debió ordenarse la entrega del acuerdo de inexistencia, respecto del documento en el que conste el último grado de estudios y no sólo colmarse el pronunciamiento de no contar con el mismo.
Añadió que, si bien dentro de los requisitos de elegibilidad para la ocupación de un cargo de elección popular no se requiere tener conocimientos técnicos específicos, sí se requiere para la integración de su expediente laboral, al tener la calidad de servidor público.
Asimismo, indicó que es una obligación de transparencia presentar un currículum; pero no hay fuente obligacional que exprese que deben acreditarse los grados de estudio y dentro del portal de transparencia, en ningún momento se señala que haya que establecer o cargar un documento que acredite la escolaridad del particular; toda vez que las y los ciudadanos han conocido a sus representantes al momento de emitir su voto.
