En entrevista para Primero Lo Primero, el diputado Gerardo Pliego Santana, presidente de la Comisión para el Combate a la Corrupción en el Congreso del Estado de México, destacó la importancia de reformar la legislación para fortalecer los órganos encargados de la fiscalización y el combate a la corrupción. Durante la entrevista, el legislador explicó que una de sus prioridades es dotar al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) de mayores facultades legales para poder actuar con eficacia en la recuperación de recursos malversados por funcionarios públicos.
El diputado Pliego Santana subrayó que, si bien el OSFEM ha estado realizando un trabajo importante en la auditoría y fiscalización de recursos públicos, aún existen limitaciones legales que impiden que se tomen acciones más contundentes para sancionar a los responsables y recuperar el dinero mal utilizado. En este sentido, el legislador comentó que se está trabajando en una reforma que permita dotar de los elementos necesarios a estos órganos, especialmente al sistema anticorrupción, para que no solo se limiten a hacer observaciones, sino que también puedan iniciar procedimientos legales y actuar en consecuencia.
Además, en cuanto a los sistemas municipales anticorrupción, Pliego Santana mencionó que se está preparando una iniciativa para fortalecer estos órganos en los municipios. Actualmente, los contralores municipales son designados por los presidentes municipales, lo que limita su autonomía y capacidad de acción. La propuesta que se presentará busca que los contralores sean seleccionados de una terna enviada por el Órgano Superior de Fiscalización o la Secretaría de la Contraloría, garantizando su independencia y fortaleciendo su rol en la fiscalización de los recursos públicos.
En este contexto, el diputado anunció que próximamente convocará a los integrantes de los sistemas municipales anticorrupción para conocer sus necesidades y dificultades, con el fin de mejorar su capacidad de intervención. Pliego Santana destacó la importancia de escuchar a los ciudadanos que forman parte de estos órganos, ya que son ellos quienes, desde su perspectiva externa, vigilan el correcto uso de los recursos públicos. La idea es dotar a estos sistemas de las herramientas legales necesarias para que puedan actuar con mayor eficacia y no se queden solo en una función simbólica.
