Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) dejó sin efecto las medidas cautelares que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) había impuesto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al concluir que no existían elementos suficientes para acreditar un riesgo a la equidad del proceso electoral que se encuentra en puerta.
Las restricciones surgieron a partir de declaraciones del mandatario en asambleas partidistas, donde señaló que “es tiempo de mujeres” y planteó la posibilidad de que Michoacán tenga una gobernadora en 2027. Aunque el IEM reconoció que no había actos anticipados de campaña, consideró que dichas expresiones podrían incidir en los principios de equidad y neutralidad.
No obstante, el Tribunal determinó que estas manifestaciones se dieron en un contexto estrictamente partidista, sin llamado al voto ni uso de recursos públicos, por lo que no se configuraban elementos suficientes para justificar una medida restrictiva.
Durante la sesión pública presencial, el Pleno resolvió que la Secretaría General del IEM no logró sustentar adecuadamente la urgencia de las medidas, al no demostrar un “peligro en la demora” ni la existencia de un daño irreparable que hiciera necesaria su aplicación.
Asimismo, los magistrados señalaron que el acuerdo del IEM se basó en hechos futuros e inciertos, es decir, en suposiciones sobre lo que podría ocurrir rumbo a 2027, lo cual impide imponer sanciones de carácter preventivo ante escenarios que aún no son una amenaza real y directa.
“El primero de los agravios que se dice, no está debidamente fundado y motivado, justificado o acreditado (…) no se justificó con los motivos y las razones suficientes el por qué se cumplen todos estos requisitos que nos exige la ley y que se retoman y se reiteran en las jurisprudencias”, manifestó la presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe.
Por su parte, el magistrado Adrián Hernández Pinedo advirtió que este tipo de restricciones, cuando no están claramente fundamentadas, pueden traducirse en actos de censura que vulneran la libertad de expresión en el ámbito político.
