La revocación de contratos, concesiones y Proyectos para la Prestación de Servicios que fueron otorgados en gobiernos pasados a empresas de manera sospecha y falta de transparencia, será una decisión que sólo el gobernador electo Luis Miguel Barbosa, tendrá que tomar, señaló el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto.
Aseveró que la determinación sí se cancelan o no, será conforme a los estudios jurídicos, financieros y técnicos que realice el gobierno entrante.
Ante las declaraciones de diversos actores políticos en Puebla, como el es caso de la presidenta municipal de la capital poblana, Claudia Rivera Vivanco, de que se revocará la concesión a Agua de Puebla para Todos, aunado a otras obras que se realizaron a través de PPs y se otorgaron contratos a empresas por décadas, las autoridades estatales entrantes son las que van a concluir su continuidad o cancelación.
“Muchos de los contratos que se hicieron para otorgar concesiones, de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), y de obra pública importantes, todos guardan un cierto sospechosismo, no fueron procesos transparentes”.
Es por ello, que cuando Luis Miguel Barbosa, y su equipo de trabajo asuman la administración tendrá que realizar un estudio minucioso para determinar si es necesario revocarse, “él – Luis Miguel Barbosa- no puede avalar un contrato que no conoce, por ejemplo el contrato de la concesión del agua de hizo muy rápido, en tres meses, cuando sabemos que este tipo de concursos llevan hasta años para otorgarse, porque se hacen licitaciones hasta internacionales”.
Manzanilla Prieto pidió prudencia para que el gobernador electo analice desde la perspectiva jurídica, financiera y técnica, y concluir si se revocan a continúan los contratos de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).
Y es que muchos de los PPs que se realizaron en el gobierno de Rafael Moreno Valle se han transformado en pasivos, como lo es la Estrella de Puebla, el Teleférico y el Tren Turístico, los dos primeros operan con números negros, mientras que el último en números rojos, además de que aún se adeuda el pago de indemnizaciones por expropiaciones y están en revisión las obras edificadas con PPS como las líneas 1, 2 y 3 de la Red Urbana y Transporte Articulado (RUTA), y el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) –Concesiones Integrales, porque representan una carga para las finanzas del Estado.
