La moción de destitución fue aprobada por 204 votos a favor, 85 en contra, tres abstenciones y ocho papeletas nulas.
Ian Arriaga
El Parlamento surcoreano destituyó al presidente Yoon Suk-yeol por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre, un acto que ha desatado una profunda crisis política en el país. La moción de destitución fue aprobada por 204 votos a favor, 85 en contra, tres abstenciones y ocho papeletas nulas, con el apoyo inesperado de diputados del Partido del Poder Popular (PPP).
La Asamblea Nacional, con 300 diputados, requería al menos 200 votos a favor para aprobar la moción, y, aunque el voto fue secreto, se conoció que al menos 12 diputados del PPP se unieron a la oposición en la votación. La incertidumbre persistió hasta el último momento, cuando el PPP celebró reuniones a puerta cerrada para fijar su postura oficial, pero algunos de sus miembros votaron en contra de la posición oficial de su partido.
Tras la destitución, el presidente Yoon fue despojado de sus funciones, y el primer ministro Han Duck-soo asumió interinamente la jefatura de Estado y Gobierno. Ahora se espera que el Tribunal Constitucional determine en un plazo de 180 días si Yoon violó la Constitución al declarar la ley marcial. Si el Tribunal falla en su contra, Yoon Suk-yeol sería el segundo presidente en ejercicio en ser inhabilitado en democracia en Corea del Sur, después de la destitución de Park Geun-hye en 2017 por corrupción.
Fuera del Parlamento, miles de personas celebraron la destitución de Yoon agitando bastones luminosos, símbolos de las protestas, que se han intensificado en los últimos días. El portavoz del Partido Democrático, Park Chan-dae, celebró la “victoria histórica para la democracia”, destacando que este resultado es un triunfo para la Constitución y el sistema democrático del país.
A Yoon y otros miembros de su Gabinete, incluido el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder e insurrección. La acusación más grave es la de insurrección, que podría resultar en el arresto de Yoon, ya que la inmunidad presidencial no se aplica en casos de insurrección. Este delito podría conllevar una cadena perpetua o pena de muerte, aunque Corea del Sur mantiene una moratoria de ejecución desde 1997.
