Las autoridades de Puebla no deben confundir las “Fake news” con la información pública, opinó el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Periodistas, activistas, la Unesco y la ONU-Derechos Humanos han mostrado preocupación por la libertad de expresión en Puebla y la ley que sanciona las “Fake news”, reveló Edison Lanza, relator de Libertad de Expresión de la CIDH, en el seminario “Pandemia, democracia y derechos humanos: proteger la libertad de expresión e informar en tiempos de Pandemia”.
Las autoridades de Puebla no deben confundir las “Fake news” con la información pública, opinó el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al explicar que si bien la “infodemia” está mal, debido a los intereses económicos o políticos que motivan la desinformación deliberada, es decir, la invención o manipulación de la información, las medidas punitivas contra periodistas violan la libertad de expresión.
Aseveró que las demandas contra periodistas y la reforma a la ley para sancionar en Puebla las “Fake news” no tienen sentido, ya que en la ley ya están previstas las respuestas aclaratorias para quienes se sienten afectados por una publicación.
El 28 de abril, los diputados locales, Nora Escamilla y Gabriel Biestro, presentaron una iniciativa para sancionar las “noticias falsas”, sin embargo, organizaciones como Prensa Cimac y Red Nacional de Periodistas de México han señalado la necesidad de revertir esa reforma al Código Penal de Puebla, para evitar que se use para censurar a medios o periodistas.
#Entérate ?| La libertad de expresión en #Puebla está en riesgo: CIDH
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— Ultra Noticias Puebla (@Ultrapuebla) May 22, 2020
“Me han llamado la atención periodistas, organizaciones de la sociedad civil, los propios colegas de Unesco y de la ONU Derechos Humanos sobre, por ejemplo, la situación en Puebla, donde varios periodistas han sido sometidos a demandas civiles desproporcionadas, con un efecto que posiblemente sea silenciar la crítica y el rol del periodismo; como el propio Presidente del Congreso (Gabriel Biestro), que ha ingresado algunas normas penales, para sancionar la desinformación o las “noticias falsas”. La desinformación deliberada es un problema, pero no hay que confundir desinformación deliberada con el rol del periodismo o con la información de interés público que ofrece el periodismo”.
El especialista indicó que la respuesta del Estado a la desinformación debe ser “justamente más información pública, de mejor calidad, más accesible, explicación, debate público” junto con la obligación de los medios de confirmar la información.
El Seminario fue organizado por la Oficina de la Unesco en México, ONU derechos humanos, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
