La reforma obliga a aplicar protocolos de feminicidio en casos de homicidios, suicidios y accidentes con indicios de violencia de género, además de sancionar a funcionarios que obstaculicen las investigaciones
Alberto Dzib
En comisiones del Congreso del Estado de México se aprobó la denominada Ley Mariana Lima, una reforma que obligará a las autoridades a investigar bajo protocolo de feminicidio toda muerte violenta de mujeres, así como aquellos suicidios o accidentes en los que existan dudas sobre las circunstancias de los hechos.
La iniciativa, impulsada por la diputada de Morena, Jennifer Natalí González López, retoma los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del caso de Mariana Lima Buendía, una joven mexiquense asesinada en 2010 cuyo fallecimiento fue presentado inicialmente como suicidio y cuya madre, Irinea Buendía Cortés, logró que el caso fuera reabierto hasta obtener una sentencia por feminicidio.
La reforma modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal estatal para establecer la obligación de investigar con perspectiva de género desde el primer momento cualquier muerte violenta de mujeres y para castigar la negación de justicia por razones de género.
“Investigar con perspectiva de género cada muerte violenta, cada muerte por suicidio que tengamos duda o que no corresponda a las pruebas en las diligencias, por cada muerte o accidente violento de una niña o de una mujer, que se busque con protocolos adecuados para el feminicidio y con perspectiva de género”.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa consiste en tipificar la negación de justicia por razones de género cuando servidores públicos incurran en actos de corrupción, negligencia, omisión u obstrucción durante una investigación relacionada con violencia contra las mujeres.
Las sanciones previstas van de cuatro a diez años de prisión, multas económicas, destitución e inhabilitación de los responsables.
La iniciativa deberá ser votada ahora por el Pleno de la Legislatura mexiquense para convertirse en ley y de ser así, el Estado de México sería la primera entidad del país en concretar esta reforma.
