En comisiones de la LXII Legislatura del Estado de México se aprobó la eliminación de la prisión vitalicia del Código Penal estatal, al considerar que esta sanción impide la reinserción social y contraviene principios constitucionales.
El dictamen, que integra iniciativas de la diputada Sofía Martínez Molina y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha señalado que la prisión vitalicia es incompatible con el principio de proporcionalidad y con el objetivo del sistema penitenciario de lograr la reinserción de las personas sentenciadas.
La reforma plantea que la pena máxima en el estado sea de 70 años de prisión y establece que, en los casos donde ya se haya impuesto prisión vitalicia, los jueces deberán revisar y ajustar las condenas conforme a cada situación particular.
Durante el análisis en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, legisladores coincidieron en que la medida no debilita el combate a delitos graves, sino que busca garantizar un sistema penal más justo y alineado a derechos humanos.
Actualmente, la prisión vitalicia se aplica en delitos como homicidio calificado, feminicidio, violación agravada y robo con resultado de muerte. Además, estos delitos son considerados imprescriptibles.
El cambio legislativo surge también tras la resolución de la Corte en 2025, que declaró inconstitucional esta figura en un artículo del Código Penal mexiquense, al considerar que niega cualquier posibilidad de reintegración social.
Por otro lado, en la misma sesión se informó que continúa en análisis el paquete de reformas en materia de amnistía, cuyo dictamen fue pausado para fortalecer su revisión. Asimismo, legisladores se pronunciaron sobre el cierre de centros de rehabilitación en la entidad, señalando la necesidad de revisar los efectos de estos operativos en las personas usuarias y sus familias.
