El Congreso del Estado de México aprobó una iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer a las instituciones encargadas de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, así como para brindar mayor apoyo y protección a sus familiares en materia jurídica, psicológica y de seguridad.
La reforma contempla la creación de un sistema estatal de información de personas desaparecidas, el cual se mantendrá en constante actualización y será difundido en sectores prioritarios. Este mecanismo permitirá que fiscalías y comisiones de búsqueda tengan acceso inmediato a bases de datos biométricos, registros, imágenes e información forense, exclusivamente para tareas de localización e identificación.
El decreto establece que hospitales, centros de atención, instituciones de reinserción social, estaciones migratorias y cualquier instancia que resguarde cuerpos o restos humanos deberán llevar registros completos, actualizados y con trato digno, además de integrar la información al Banco Nacional de Datos Forenses.
Asimismo, se refuerza la obligación de que toda denuncia o reporte de desaparición sea atendido de manera inmediata, sin plazos de espera, incluso si se presenta de forma anónima. Las autoridades deberán activar fichas de búsqueda, alertas nacionales y notificaciones en plataformas oficiales para agilizar la localización de las personas.
La Comisión de Búsqueda coordinará el funcionamiento del Registro Estatal y podrá solicitar el apoyo de la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad estatales y municipales, además de suscribir convenios de colaboración. Por su parte, la Fiscalía Especializada contará con personal capacitado, unidades multidisciplinarias y recursos suficientes para investigar los casos con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
La reforma también fija plazos para la integración y actualización de bases de datos forenses y la armonización de normativas estatales y municipales. Con estas acciones, el Congreso mexiquense busca fortalecer la coordinación institucional y garantizar respuestas más rápidas y efectivas ante uno de los problemas más sensibles para la sociedad.
