El Semáforo de Movilidad Social, desarrollado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), muestra con crudeza una realidad que pocos quieren ver: la mayoría de los hogares mexicanos siguen atrapados en condiciones de pobreza, sin posibilidad real de ascenso social. Zacatecas, Guerrero y Oaxaca encabezan la lista de entidades donde 3 de cada 10 hogares caen en pobreza laboral en un solo año.
Otros estados como Michoacán, Puebla, Morelos, e incluso Aguascalientes y San Luis Potosí, tampoco escapan al deterioro. Pero lo más alarmante es que incluso en estados considerados “modelo” de desarrollo económico, como Querétaro, Nuevo León o Coahuila, la movilidad social sigue siendo nula o insignificante. Las zonas metropolitanas, lejos de ofrecer oportunidades, muestran una regresión en sus indicadores en comparación con años anteriores.
Este panorama sugiere que el problema no es solo económico: es profundamente estructural. Las políticas públicas han fallado en romper el ciclo de pobreza, y la llamada aporofobia —el desprecio hacia los pobres— se refleja no solo en actitudes sociales, sino en decisiones gubernamentales que ignoran las condiciones reales de millones.
Según un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, más de 200 millones de personas en América Latina siguen viviendo en pobreza, y cerca de 100 millones en pobreza extrema. En un país donde nacer pobre sigue siendo una sentencia de por vida, ¿podemos seguir hablando de igualdad de oportunidades?
¿La movilidad social es un objetivo… o solo un mito funcional para mantener el statu quo?
