#OpiniónYAnálisis por #PeríclesDeBuenHierro
Perícles De Buen Hierro
Iniciamos el 2026 con una gran sorpresa. El pasado 3 de enero, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses en la llamada Operación Resolución Absoluta. La acción, ejecutada sin autorización internacional, ha desatado acusaciones de violación a la soberanía venezolana y abrió la puerta a una crisis política y diplomática de gran alcance.
La captura responde a acusaciones de narcotráfico, terrorismo, violaciones de derechos humanos y corrupción presentadas en tribunales federales de Nueva York. Desde hace años, Donald Trump había señalado a Maduro como líder del “Cártel de los Soles”, supuestamente vinculado con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, según el New York Times, el Departamento de Justicia ha eliminado en gran medida las referencias directas a dicho cártel en la nueva imputación. Lo que sí se mantiene es la acusación de que Maduro perpetuó una cultura de corrupción que permitió a las élites venezolanas enriquecerse mediante el narcotráfico y la protección de sus socios criminales.
La captura de Maduro inevitablemente reavivó cuestionamientos sobre el narcotráfico en México. Ante los medios, Trump declaró que “algo tendrá que hacerse con México”, enfatizando que los cárteles son demasiado fuertes y que, aunque considera a la presidenta Claudia Sheinbaum “una buena mujer”, los grupos criminales “controlan México”. Incluso aseguró haber preguntado en varias ocasiones si Estados Unidos debería intervenir directamente para desmantelar a los cárteles, a lo que la mandataria mexicana respondió que no era necesario.
Tanto la extradición de Maduro como las declaraciones sobre México han generado un intenso debate. Surgen preguntas inevitables: ¿qué tanto beneficia realmente al pueblo venezolano la captura de Maduro? ¿Cuál será el costo político, económico y social de esta acción? Y en el caso mexicano, ¿pueden considerarse las palabras de Trump como una amenaza velada? ¿Qué postura debe asumir México frente a este escenario?
En Venezuela, una parte de la población celebró la captura como el inicio de un cambio largamente esperado. Sin embargo, es prematuro cantar victoria. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió temporalmente la presidencia, lo que refleja el vacío político inmediato. A ello se suma la incertidumbre económica, la fuga de capitales y la caída de confianza en las instituciones, especialmente en el sector petrolero, donde la administración de Petróleos de Venezuela queda en entredicho pese a que el país posee las mayores reservas de crudo del mundo.
En México, la situación es igualmente delicada. Aunque Sheinbaum ha mantenido una postura firme contra cualquier intervención militar extranjera, las acciones internas contra el narcotráfico han quedado por debajo de lo esperado. La narrativa estadounidense insiste en que el gobierno mexicano ha sido incapaz de controlar a la delincuencia organizada. Las cifras son contundentes: más de 23 mil homicidios dolosos en 2025, con la violencia entre cárteles como principal motor. La crisis en Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada es un ejemplo claro de cómo los grupos criminales han extendido su influencia a casi todo el país.
En este contexto, cabe preguntarse si Estados Unidos actúa como “amigo o enemigo” -recordando la película protagonizada por Chris Penn y lanzada en 1996-. En Venezuela, la captura de Maduro puede interpretarse como un paso hacia la democratización, pero también como una jugada geopolítica para asegurar petróleo y recursos naturales. En México, aceptar ayuda o permitir injerencias de Estados Unidos, si bien en un principio podría incrementar la capacidad operativa para debilitar a los cárteles más poderosos, y con ello una reducción temporal de la violencia, también podría representar una violación a nuestra soberanía, restarle legitimidad al gobierno mexicano y posiblemente crear una dependencia externa. Asimismo, podríamos enfrentarnos a una agenda oculta de Estados Unidos para asegurar intereses estratégicos, tales como aprovechamiento de energía, recursos naturales e incluso provocar influencias políticas.