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Perícles de Buen Hierro
Rubén Rocha Moya, actual gobernador del estado de Sinaloa, nació en Badiraguato —zona históricamente asociada al narcotráfico—. Es académico, fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha tenido una larga trayectoria política como figura de izquierda. Militante de Morena, ganó la gubernatura en 2021 con una amplia mayoría.
Sin embargo, desde su llegada al poder, su administración ha estado marcada por cuestionamientos en materia de seguridad, señalamientos de corrupción y sospechas persistentes sobre posibles vínculos con el crimen organizado.
Esta semana, autoridades del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, presentaron acusaciones en su contra por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, conspiración y recepción de sobornos.
Entre los señalamientos, se incluye la posible intervención del crimen organizado en su campaña política, así como la presunta protección institucional a operaciones del Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya ha rechazado categóricamente estas acusaciones. Por su parte, el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ha señalado que las pruebas dadas a conocer hasta ahora no son concluyentes. Todo esto ocurre en el contexto de una solicitud de detención con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense.
Bajo este escenario, surgen preguntas inevitables: ¿eran previsibles estos señalamientos? ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano para investigar de manera autónoma? ¿Qué implicaciones tendría que un gobernador en funciones enfrente un proceso en tribunales estadounidenses?
Aunque parezca reciente, Rocha Moya lleva tiempo en el ojo del huracán. Uno de los episodios más polémicos fue el relacionado con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, quien declaró que el lugar donde fue capturado sería el punto de encuentro para reunirse con el gobernador ese mismo día. Ese evento derivó también en el asesinato del político Héctor Cuén. Aunque Rocha negó haber estado presente, las declaraciones del capo detonaron una ola de dudas que nunca se disiparon del todo.
A esto se suma la crisis de seguridad que ha atravesado Sinaloa durante su administración. La disputa interna del Cártel de Sinaloa —particularmente entre facciones como “Los Chapitos” y “La Mayiza”— ha generado una escalada de violencia con un alto costo en vidas humanas. La respuesta del gobierno estatal ha sido duramente criticada por su aparente insuficiencia frente a la magnitud del problema.
Asimismo, diversos funcionarios cercanos al gobernador han sido señalados por presuntos actos de corrupción, nepotismo y posibles vínculos con actividades ilícitas, lo que ha erosionado aún más la credibilidad de su administración.
Si bien Rocha Moya ha sido cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y un defensor del proyecto de la llamada “cuarta transformación”, lo cierto es que, hasta ahora, no se ha visto una investigación profunda desde el ámbito federal sobre estos señalamientos. No se trata de una sospecha aislada, sino de un patrón de cuestionamientos que, en otros contextos políticos, probablemente habría detonado acciones más contundentes.
El actuar del gobierno federal ha sido percibido por algunos sectores como tibio frente a este caso. La presión internacional —particularmente desde Estados Unidos— podría cambiar ese escenario. Para la administración de Sheinbaum, este caso representa una prueba importante: demostrar si el principio de que “nadie está por encima de la ley” se aplica sin excepciones.
No pasará mucho tiempo antes de que, dentro y fuera del país, la pregunta vuelva a surgir con fuerza:
¿Y el Rocha…? Una frase que nació en redes sociales como ironía, pero que hoy resume una exigencia más profunda: explicaciones claras, rendición de cuentas y, sobre todo, coherencia entre el discurso político y la realidad.
