- También busca modificar el pago por la expedición y renovación de la cédula para fijos, semifijos y comerciantes ambulantes
El grupo parlamentario de Morena ha presentado propuestas de reforma a la Constitución Política estatal con el objetivo de establecer la suspensión de derechos para ocupar cargos, empleos o comisiones de servicio público en el caso de personas con sentencia firme por la comisión intencional de delitos graves. Estos delitos incluyen aquellos contra la vida, la integridad corporal, la familia, y delitos de violencia de género.
La propuesta también contempla la aplicación de esta sanción a quienes sean responsables de ilícitos relacionados con la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual, así como aquellos que afecten el pleno desarrollo y la dignidad de la persona. Además, se incluye a quienes sean declarados como personas deudoras alimentarias morosas.
Reconociendo la necesidad de fortalecer las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, las diputadas Azucena Cisneros Coss, Anais Miriam Burgos Hernández y Luz Ma Hernández Bermúdez, junto con los diputados Faustino de la Cruz Pérez, Camilo Murillo Zavala y el legislador Raúl Ponce Elizalde, proponen la suspensión de derechos y prerrogativas de ciudadanos y ciudadanas en casos de delitos graves.
Según el documento presentado por el legislador Raúl Ponce en una sesión plenaria, el objetivo principal es evitar que personas que hayan cometido estos delitos sean registradas como candidatas a cargos de elección popular o nombradas para empleos, cargos o comisiones en el servicio público a nivel estatal o municipal. Esto implicaría una homologación del marco normativo estatal con la Constitución Nacional, que ya incluye disposiciones como la ‘ley 3 de 3’.
La propuesta será analizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y resalta el compromiso del grupo parlamentario de Morena en la lucha contra todo tipo de violencia, especialmente la violencia de género. Se busca asegurar que la sociedad mexiquense no esté mal representada ante los organismos de toma de decisiones.
