Más de 200 mil personas se quedan sin servicios médicos generales; personal exige pagos, insumos y respeto a derechos laborales
Ian Arriaga
Personal de salud del Valle de Toluca inició este miercoles una jornada de protesta con la toma de las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria de Toluca, como medida de presión para exigir el cumplimiento de pagos pendientes, dotación de insumos y respeto a los derechos laborales en medio de la transición del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) al modelo IMSS-Bienestar.
Además, a partir de hoy, 85 unidades médicas de Toluca, Metepec, Almoloya de Juárez y Zinacantepec entraron en paro indefinido, dejando de brindar consultas generales y limitando su atención exclusivamente a urgencias, lo que podría afectar a más de 200 mil personas que dependen de estos servicios públicos de salud.
Durante la manifestación frente a las oficinas de la Jurisdicción, el secretario general de la Sub Sección 2 de la Sección 22 del Sindicato de Salud, Raymundo Gómez Pérez, denunció que la problemática se agudizó desde el 1 de julio de 2024, cuando comenzó la transferencia de servicios sin previo aviso al personal.
Según el líder sindical, tan solo en la jurisdicción de Toluca más de 4 mil trabajadores fueron transferidos al nuevo esquema, y en todo el Estado de México más de 9 mil se han visto afectados, muchos de ellos con pagos pendientes desde julio del año pasado, incluyendo bonos de salud y canasta básica que ascienden a más de 13 mil pesos por persona.
El paro también responde al grave desabasto de insumos, que, según Gómez Pérez, alcanza más del 50% en clínicas de primer nivel, con una escasez crítica de antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios, mientras que en hospitales de segundo y tercer nivel la falta de equipo quirúrgico obliga muchas veces a que los propios pacientes financien sus tratamientos.
Los inconformes denunciaron también malos tratos por parte de los nuevos directivos, que desconocen el funcionamiento operativo de las unidades de salud y no ofrecen soluciones ante las crecientes carencias.
Los trabajadores advirtieron que no reanudarán sus actividades normales hasta que reciban un oficio oficial firmado donde se establezcan los compromisos pendientes. Por ahora, los servicios médicos en la región permanecerán limitados, profundizando la crisis de atención en una zona ya vulnerable.