Fue vista con vida por última vez en un video difundido en redes sociales, en el que, rodeada de hombres armados
Ian Arriaga
La maestra jubilada Irma Hernández Cruz, quien trabajaba como taxista tras su retiro, fue localizada sin vida, seis días después de haber sido secuestrada en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, presuntamente por negarse a pagar una cuota de extorsión.
Hernández Cruz fue vista con vida por última vez en un video difundido en redes sociales, en el que, rodeada de hombres armados, advertía: “Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega, paguen su cuota como debe de ser… o van a terminar como yo”. Su desaparición se registró el 18 de julio.
La noche del 23 de julio, las autoridades localizan un cuerpo en el interior de un rancho situado entre los municipios de Álamo Temapache y Cerro Azul, horas más tarde confirmaron su identidad. El cadáver es trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Tuxpan, donde es identificado por sus familiares.
A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que la víctima fue identificada como I.H.C., maestra jubilada y taxista.
“Un equipo multidisciplinario forense realizó las diligencias correspondientes, logrando confirmar su identidad. Con pleno respeto a la víctima, se notificó oportunamente a sus familiares, manteniendo en todo momento una actuación sensible y apegada a los principios de legalidad”, precisó la dependencia.
La Fiscalía Regional de Tuxpan ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen, en medio de una creciente ola de violencia relacionada con el cobro de piso en la región.
El caso de Irma no es aislado. Jorge Néstor, representante de la misma ruta colectiva, fue secuestrado el pasado 10 de junio y hasta la fecha permanece desaparecido. Ambos casos han generado temor entre los trabajadores del transporte en Veracruz, quienes denuncian amenazas constantes por parte de grupos criminales que exigen pagos a cambio de “protección”.
Organizaciones civiles y sindicatos del transporte han exigido a las autoridades estatales reforzar la seguridad y garantizar justicia para las víctimas.
