La titular de la dependencia federal, Luisa María Alcalde, dijo que esta modalidad de empleo se ha utilizado para evadir responsabilidades de diversa índole, por lo que está por implementarse una serie de operativos para detectar, sancionar y eliminar la subcontratación ilegal
Con el apunte de que en los últimos 5 años los esquemas de subcontratación o outsourcing han crecido en un 40%, la secretaria federal de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján anunció que está por aplicarse una serie de operativos orientados a detectar, sancionar y eliminar esta práctica que sostuvo, se utiliza generalmente para evadir responsabilidades como empleadores.
Tras inaugurar el Congreso sobre Derecho del Trabajo y Previsión Social en la Escuela del Poder Judicial del Estado de México, la funcionaria comentó que no todas los esquemas de subcontratación es ilegal, pero que hay muchos esquemas actuales que contrastan con ordenamientos fiscales, laborales y de seguridad social, por lo que los operativos se realizarán en conjunto con el SAT, el IMSS, la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera.
“Se acude al (outsourcing), para que no se genere antigüedad, o para no repartir utilidades, pero también es un mecanismo que se ha utilizado por ejemplo para evadir responsabilidades en materia de seguridad social, subregistro en el IMSS y también incluso para evadir impuesto, entonces es una figura nociva pero sobre todo ilegal”.
Aunque consideró prudente que como lo han planteado algunos legisladores se trabaje sobre reformas en materia de outsourcing, indicó que la Ley Federal del Trabajo contempla candados específicos que regulan la subcontratación, por lo que aún sin modificaciones los operativos están en marcha y en las siguientes semanas se darán a conocer los resultados.
“Yo creo que en efecto debe abrirse esa posibilidad pero lo que si hay que tener muy claro es, hoy la ley como está, tiene candados específicos, entonces no se requiere una reforma para empezar a sancionar conductas que están por fuera de marco normativo”.
En torno a la Reforma Laboral en México, Alcalde Luján reiteró que en octubre de 2020, 10 entidades del país, incluido el Estado de México, pondrán en marcha el nuevo sistema de justicia laboral que se atenderá desde los poderes judiciales locales, por lo que se requiere capacitación de jueces y del personal que se involucrará en la materia, además de que en enero del próximo año los sindicatos deberán modificar estatutos para incorporar elección abierta de representantes.
Es de mencionar que en el Estado de México se prevé que el siguiente año se instalen los tribunales en materia laboral en el Valle de México y Valle de Toluca con una operación inicial de 10 jueces, razón por la que se solicitará al congreso local un aumento presupuestal de 300 millones de pesos para la implementación de la justicia laboral en una primera etapa.
Alberto Dzib
@albertodzib666
