La propuesta busca cerrar vacíos en la supervisión local sin generar costos adicionales para los ayuntamientos
Alberto Dzib
El Comité de Participación Ciudadana (CPC), del Sistema Anticorrupción del Estado de México prevé llevar al Congreso local una iniciativa para que los municipios implementen de forma obligatoria esquemas de control interno, con la finalidad de reducir riesgos administrativos y fortalecer la operación institucional.
La propuesta plantea modificar la Ley Orgánica Municipal para establecer la creación de comités de control y desempeño en cada ayuntamiento, instancias responsables de generar mapas de riesgo y programas de control interno, mecanismos que actualmente sólo operan en el ámbito estatal.
De acuerdo con Alberto Gándara Ruíz Esparza, la ausencia de estos esquemas en municipios ha dejado áreas sin supervisión sistemática, lo que limita la detección anticipada de irregularidades.
“Vamos a presentar una propuesta para que se incorpore en la Ley Orgánica la obligación de los municipios de contar con esquemas de control interno, es decir, con un comité de control y desempeño que establezca un mapa de riesgos y un programa de control interno, estos comités ya existen a nivel estatal pero no a nivel municipal y es importante que se impulse que los municipios también cuenten con estos esquemas para prevenir”.
El diseño contempla que estos comités operen como órganos colegiados vinculados a las contralorías municipales, con participación de las áreas administrativas responsables de evaluar tanto riesgos de corrupción como incumplimientos normativos o de metas.
“Estos comités son órganos colegiados complementarios, la contraloría municipal fungiría como vocal ejecutivo, pero el presidente municipal preside el comité y está integrado por las áreas del ayuntamiento que deben hacer una autoevaluación de sus riesgos, no sólo de corrupción, también de incumplimientos normativos o de metas”.
El organismo sostiene que la implementación no requerirá recursos adicionales, ya que el modelo se integraría con el personal existente en cada administración municipal, lo que deja su aplicación sujeta a decisiones de organización interna.
La iniciativa será presentada el 22 de abril y forma parte de un paquete de propuestas orientadas a reforzar los mecanismos de supervisión en el ámbito local, en un escenario donde el CPC identifica rezagos en el control institucional de los ayuntamientos.
