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Irresponsabilidad y corrupción en supuesto rescate del Atoyac: IIMA

por Ultra Noticias Puebla

La investigadora señaló que  el gobierno solo quiere dejar un río “lindo”, no un río vivo

Diana López Silva

A pesar de la recomendación que hay de la CNDH, las modificaciones que ha hecho el gobierno municipal de Puebla para el rescate del río Atoyac, solamente eluden responsabilidades y generan corrupción, sentenció María Eugenia Ibarrarán Viniegra, directora del Instituto de Investigaciones del Medio Ambiente (IIMA).

Explicó que una de las propuestas del gobierno municipal era capacitar supervisores de calidad, pero que las empresas los contrataran, para que ellas mismas hicieran la supervisión.

Además señaló que las acciones para el supuesto rescate solo se han enfocado en la imagen, por lo que aseveró que no se trata hacer que se vea “lindo”, sino de hacer que sea un río vivo.

“Es una cosa complicadisima, que nada más elude responsabilidades y genera corrupción, y creo que esa es la clave de cómo está el río, la corrupción. Y ya ha habido recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos a gobernadores y todo tipo de funcionarios de Tlaxcala y Puebla, porque no han atendido el problema en muchos años, ya hay casos de cáncer, muchos casos de otro tipo de enfermedades, pérdidas de productividad,el problema es muy serio, pero se sigue tratando como bandera política y (dicen) que lo van a dejar muy lindo, eso no importa, si está lindo o no, lo que importa es que sea un río vivo”.

Hay que recordar que el 21 de marzo, el titular de Conagua, Alberto Jiménez Merino, confirmó que con la promesa de que ahora sí será una realidad el saneamiento del río Atoyac, iniciarían el proyecto con una inversión de 460 millones de pesos en su primera etapa a desarrollarse en cinco o seis años, y que la inversión llegará a mil millones de pesos, con los recursos que debe aportar el gobierno de Puebla, pues están trabajando en el cumplimiento a la recomendación de Derechos Humanos.

Dijo que en este plan de saneamiento participa  Gobierno federal, los estados de Puebla y Tlaxcala, 22 municipios y más de ocho mil empresas en la zona metropolitana.

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