- La diputada propone reformas legales para garantizar el derecho al pago de sueldos de servidores públicos y sancionar a los titulares de la Presidencia o la Tesorería Municipales que incumplan.
A pesar de las protecciones constitucionales y legales garantizando el derecho al pago de sueldos, muchas personas servidoras públicas en el Estado de México y sus municipios enfrentan la vulneración de este derecho, especialmente en momentos posteriores a las elecciones. En respuesta a esta problemática, la diputada Karina Labastida Sotelo ha presentado una iniciativa de ley que busca sancionar a los titulares de la Presidencia o de la Tesorería Municipales que retrasen, nieguen o reduzcan el pago de sueldos a las personas del servicio público que tienen derecho a recibirlo.
En una sesión deliberante, miembro del Grupo Parlamentario de Morena, Karina Labastida Sotelo, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones legales. Explicó que esta situación se agudiza al final de cada cambio de administración municipal, cuando algunas autoridades no cumplen con el pago del sueldo por razones como la falta de aseo financiero, nula planeación financiera, contingencias derivadas de fenómenos naturales, sentencias judiciales o incluso en épocas electorales, a pesar de contar con un presupuesto asignado.
Según la diputada, del total de conflictos individuales de trabajo registrados en 2022, un 6.1% comenzó debido a “salarios retenidos”. Esta tendencia revela que tanto particulares como autoridades tienen facilidad para vulnerar los derechos de los trabajadores, lo que afecta directamente a sus familias sin una causa justificada para retener sus sueldos.
La propuesta legislativa busca responsabilizar a los Presidentes y Tesoreros Municipales que, sin justificación, dejan de ministrar total o parcialmente los sueldos, primas, aguinaldos y otros beneficios a las personas servidoras públicas antes de concluir su mandato. La diputada subraya que esta falta de pago provoca problemas financieros ya que, cuando los municipios enfrentan demandas por incumplimiento de pago y reciben un fallo en contra, los pagos atrasados acumulan intereses, transformándose en laudos millonarios que podrían haberse evitado con pagos oportunos y respeto por los derechos laborales.
En el marco de la iniciativa, se propone adicionar una fracción al artículo 95 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para asegurar que los servidores públicos realicen los pagos de sueldos en las fechas establecidas por la ley. También se contempla la adición de una fracción al artículo 340 del Código Penal del Estado de México, que tipificaría la conducta de servidores públicos responsables de retrasar, negar o reducir el pago de sueldos devengados, permitiendo sanciones penales.
La diputada Labastida también propone modificar el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para que estas conductas puedan ser sancionadas por vía política, sin excluir la posibilidad de faltas administrativas graves según la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Finalmente, en virtud del artículo 116 de la Constitución Política, que establece que los Presidentes Municipales son responsables de ejecutar decisiones tomadas en el ayuntamiento, se plantea agregar una fracción al artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que les otorgaría la responsabilidad de supervisar el pago puntual y completo de los sueldos de los servidores públicos de los municipios y órganos descentralizados.
Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2022 se registraron a nivel nacional 356,442 convenios de trabajo prejudiciales, 138,420 conflictos de trabajo (individuales y colectivos) y 3,151 emplazamientos a huelga, lo que evidencia la magnitud del problema de salarios retenidos en el país.
