Vida legal. La #Opinión del Dr. Arturo Argente
El caso Lozoya inicia esta semana con el destape de muchos videos donde aparecerán figuras y políticos de todas las filiaciones, algunos aparecen en negociaciones ilícitas recordando las costumbre del señor de las ligas, René Bejarano, a principios de siglo. Este caso tiene como objetivos principales la captura de dos personajes públicos del sexenio pasado: el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el ex presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con “México unido contra la corrupción”, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, habría solicitado 10 millones de dólares a la empresa Odebrecht, la cual desplegó en una red de sobornos para la clase gobernante de esos tiempos.
Lozoya representa el primer proceso judicial importante contra la corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y enfrenta éste enfrenta dos acusaciones en México. Una que lo involucra con la trama Odebrecht, que se ha castigado en todo el continente salvo en nuestro país y en Venezuela; y la otra acusación tiene que ver con la compra de una planta de fertilizantes en estado chatarra, para beneficiar al dueño de “Ahmsa”.
Este caso implica para la administración de AMLO un verdadero “tanque de oxígeno”, ya que se podrá distraer la atención de un pueblo que ha sufrido de una pandemia que al día de hoy ha matado a cerca de 40,000 personas, de una violencia que no cede y la caída de una economía que se encuentra atascada en un fango y que parece no reaccionar ante los embates de una recesión mundial.
La transparencia en este caso es de extrema relevancia sobre todo ahora que se maneja la posibilidad de retirar los cargos en contra de Lozoya por un criterio de oportunidad que significa exonerarlo de todos los cargos. Para evitar un escándalo histórico, la fiscalía deberá acotarse a ofrecer la reducción de la eventual condena a través de un proceso corto conocido como “procedimiento abreviado” para no darle espacio a la impunidad.
La fiscalía tiene varios obstáculos que enfrentar dentro de este proceso. Desde el punto de vista legal, los rumores no tienen valor de prueba plena en un juicio y los videos tampoco, salvo que haya alguien tan poco listo como para admitir quién es, qué hace y a dónde se va a llevar el efectivo en esas bonitas maletas. De lo contrario la evidencia es circunstancial. La Fiscalía deberá convencer a un juez, con evidencia en mano, lo manifestado por el detenido. De lo contrario correrá el riesgo de quedar en ridículo, como hizo en más de una ocasión su antecesora, la Procuraduría General.
Existe el riesgo de que el país se quede otra vez con el amargo sabor del simple escándalo y sin justicia alguna. No se puede permitir que la impunidad se siga sumando a una serie de casos que únicamente desembocaron en el incremento del descrédito institucional y el escepticismo ciudadano.
