Pachuca de Soto, Hidalgo.- Cuatro ex trabajadores del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE) demandaron penalmente a la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez por los delitos contra el trabajo y previsión social, ya que fueron suspendidos y retenidos sus salarios.
Las denuncias penales también van contra la contralora general del instituto, Teresita de Jesús Talamantes Castro y el director administrativo Fausto Olvera Trejo.
De acuerdo con los expedientes, interpusieron las denuncias los ex trabajadores del IEE José Ghinis Islas, Elena López Ramírez, Lluvia Erensky Martínez Olmos y Ricardo Rivera Romero ante el agente del ministerio público Lizbeth Arenas Cantera.
La antigüedad de los ex trabajadores varía de 6 hasta 20 años en el IEE, del cual Vázquez Benítez lleva las riendas hace apenas el año anterior.
Los cuatro señalaron que el instituto suspendió sus responsabilidades laborales, así como de goce de sueldo y prestaciones, durante el periodo que dure el procedimiento de responsabilidad.
Lluvia Erensky Martínez Olmos, jefa de oficina B, fue contratada en el instituto el primero de enero de 2009 y suspendida el 13 de noviembre de 2015, derivado de la entrega recepción de la secretaría ejecutiva del IEE.
De acuerdo con la narración, Vázquez Benítez obligó por escrito a Martínez Olmos a recibir el inventario de la secretaría, sin tener en cuenta el nivel que ocupaba en el escalafón.
Ricardo Rivera Romero, encargado de departamento A de la dirección de prerrogativas y partidos políticos, fue contratado por el instituto el 16 de junio de 1996 y suspendido el 11 de noviembre de 2015, bajo el supuesto de que no justificó asistencia a eventos como el parlamento infantil que organiza el IEE.
José Ghinis Islas, encargado de departamento B de la dirección ejecutiva de administración del instituto, fue contratado el 27 de noviembre de 1995 y despedido el 9 de noviembre de 2015, bajo el supuesto de que no cubría el perfil de administrador de empresas.
Mientras que Elena López Ramírez, subdirectora de contabilidad del organismo, fue contratada el 15 de febrero 2007 y despedida el 9 de noviembre de 2015, tras observaciones al parque vehicular y cuenta pública 2014, como parte de la auditoría interna.
Durante entrevista, Flavio Uribe Ramírez, abogado de los inconformes, argumentó que las demandas fueran interpuestas en el ámbito penal porque a los ex trabajadores “les suspendieron prestaciones, salarios y aguinaldos devengados, sin mediar procedimiento”.
Por Daniel Martínez Martínez