En la conversación la mandataria señala que recurrió a Juan Sandoval, identificado como exagente del FBI, para facilitar los contactos con funcionarios estadounidenses
Redacción AR
La controversia en torno a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se intensificó este lunes luego de la difusión de un nuevo audio en el que presuntamente reconoce haber contratado a un exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para realizar gestiones ante autoridades de Estados Unidos con el propósito de recuperar su visa.
De acuerdo con la información difundida por el periodista Héctor de Mauleón, en la conversación la mandataria señala que recurrió a Juan Sandoval, identificado como exagente del FBI, para facilitar los contactos con funcionarios estadounidenses, además de mencionar la participación de un abogado de ese país, identificado como Michael Nadler, en el mismo proceso.
Los audios forman parte de una serie de grabaciones que han salido a la luz en los últimos días y que exhiben conversaciones relacionadas con los esfuerzos de la gobernadora para recuperar el documento migratorio que le fue revocado por el gobierno de Estados Unidos. Hasta el momento, Washington no ha informado oficialmente las razones de dicha decisión.
Según el contenido de las conversaciones, Ávila también habría solicitado que las negociaciones posteriores se realizaran únicamente entre los abogados involucrados, con el fin de evitar que pareciera que buscaba “otras vías” para resolver su situación migratoria.
Las nuevas revelaciones han reavivado los cuestionamientos de actores de oposición sobre el alcance de los contactos sostenidos con autoridades estadounidenses y sobre la naturaleza de la información que pudo haberse compartido durante esas gestiones.
Por su parte, la gobernadora ha sostenido que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal y ha acusado al exgobernador Jaime Bonilla de estar detrás de las filtraciones con fines políticos, señalamientos que el exmandatario ha rechazado.
El caso mantiene la atención pública debido a que las filtraciones continúan y podrían derivar en nuevas revelaciones sobre las gestiones realizadas por la mandataria estatal ante el gobierno de Estados Unidos.
