#OpiniónYAnálisis por #CynthiaValeriano
Cynthia Valeriano
En fechas recientes el gobierno federal ha difundido una propuesta para evitar el crecimiento constante del precio de la gasolina en México: establecer un precio máximo de 24 pesos por litro de gasolina regular, bajo el argumento de beneficiar la economía de los consumidores y con ello reducir la inflación, considerando la importancia del producto para la formación de costos de producción de todos los componentes.
Sin embargo, la simple decisión (imposición) del gobierno, sin que esta sea debidamente conciliada con los distribuidores, puede ser precisamente la causa de mayores dolores de cabeza para la economía en su conjunto, me explico por qué.
El establecimiento de una banda de flotación para los precios de las gasolinas implica fijar un rango dentro del cual los precios pueden variar, permitiendo cierta flexibilidad ante fluctuaciones del mercado internacional, pero evitando incrementos abruptos que afecten la inflación. Esta estrategia no es nueva, en 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se implementó una banda de precios con límites máximos y mínimos para las gasolinas, 13.98 pesos para la magna, 14.81 para la premium y 14.63 para el diesel, (en menos de 10 años, los precios de estos energéticos se han incrementado en más de un 70%), el objetivo en ese entonces era “suavizar” las variaciones de precios internacionales y su impacto en el consumidor final.
Sin embargo, la efectividad de esta medida fue limitada, ya que los precios tendieron a ajustarse al límite superior de la banda, por lo que los distribuidores prácticamente esperaban la definición del acuerdo para establecer el límite superior como precio de venta.
La relación entre los precios de los combustibles y la inflación es directa y significativa. Un aumento en los precios de la gasolina se traduce en incrementos en los costos de transporte y producción, lo que eventualmente se refleja en los precios de bienes y servicios, elevando la inflación general. Por lo tanto, controlar los precios de los combustibles puede ser una herramienta para mantener la inflación en niveles manejables. No obstante, esta intervención en el mercado puede generar distorsiones, como desabastecimiento por cierre de gasolineras debido a afectaciones a la rentabilidad de los distribuidores, incremento de robo de combustible, incremento del mercado negro de gasolina, mal manejo o baja calidad de las gasolinas, entre otros, si los precios fijados no reflejan los costos reales de producción y distribución y es aquí donde encontramos el problema real de la iniciativa.
La propuesta de la secretaría de Energía se plantea en un momento en donde PEMEX no pasa por un estado de viabilidad técnica ni financiera, la producción de crudo ha mostrado una tendencia decreciente, pasando de 1.8 millones de barriles diarios en 2018 a 1.6 millones en 2024 (y todavía muy lejos de los históricos 3.4 millones del 2003), lo que representa una disminución del 7.4%. Esta caída en la producción se atribuye, en parte, al agotamiento natural de los yacimientos y a la falta de inversión en exploración y desarrollo de nuevos campos.
La crisis financiera de PEMEX es otro aspecto crítico. La empresa se ha consolidado como una de las petroleras más endeudadas del mundo, con una deuda financiera acumulada que al cierre del 2024 alcanzaría los 1.9 billones de pesos. Ciertamente la propuesta de política energética e intervención en PEMEX que busca hacer su operación más eficiente le ayudará en el largo plazo, pero de entrada tiene que pagarles a sus acreedores, solo el pago de la proveeduría pendiente es de más de 400 mil millones de pesos. Esta situación financiera limita su capacidad para invertir en infraestructura y tecnología, indispensables para revertir la tendencia decreciente en la producción.
Por otro lado, sigue enfrentando el descomunal robo de combustible o huachicoleo, cuya estrategia implementada por López Obrador en el sexenio pasado no solo no resolvió, sino que agravó el problema, de acuerdo con una solicitud de información del periódico El economista a PEMEX, el robo de combustible se incrementó gravemente en 10 entidades, por ejemplo, en Oaxaca creció un 136.5%, San Luis Potosí 100%, Querétaro y Guanajuato 58% y Coahuila 51%, por mencionar solo algunos ejemplos. El costo de la reparación de los ductos perforados ilegalmente fue de más de 615 mil millones de pesos solo en el 2024.
En cuanto a las importaciones de gasolina, México ha dependido históricamente de la adquisición de combustibles del extranjero para satisfacer la demanda interna, solo en el 2024, el 58% del total de las gasolinas fue comprada en el exterior, a pesar de las fuertes inversiones públicas en la construcción de Dos Bocas o la compra de la refinería Deer Park en Texas, cerca de 359 mil barriles diarios provienen del exterior para complementar el abasto local, sin embargo, de no resolver el problema financiero, está en riesgo el abasto regular de la gasolina importada y por ende ello puede impactar en la formación del precio final.
Desde una perspectiva microeconómica, el control de precios puede generar una serie de distorsiones en el mercado. Al fijar un precio máximo por debajo del equilibrio de mercado, se puede producir un exceso de demanda y una oferta insuficiente, lo que podría conducir a desabastecimientos, aunado a lo anterior, los productores y distribuidores podrían ver reducidos sus márgenes de ganancia, desincentivando la inversión y el mantenimiento de la infraestructura necesaria para garantizar el suministro.
Un ejemplo histórico de los efectos adversos del control de precios se observa en la crisis cambiaria de 1982 en México. En ese periodo, el gobierno implementó controles de precios y cambios que, lejos de estabilizar la economía, resultaron en distorsiones significativas, incluyendo desabastecimientos y mercados negros.
Por lo tanto, aunque el control de precios busca proteger al consumidor, puede generar efectos contraproducentes si no se acompaña de medidas que aseguren una oferta suficiente y sostenible en el tiempo.
Por supuesto, es loable que el gobierno desee intervenir en el mercado para tratar de reducir el efecto negativo que el precio incremental (hacia el infinito) de los combustibles puede tener en los precios de otros bienes, pero sería mucho mejor partir de estrategias para elevar la producción que provoquen que el mercado defina un equilibrio con un precio por debajo del actual, permitirle a los distribuidores la compra directa de gasolina, al menos por un periodo de tiempo concreto que le permita a PEMEX fortalecerse y establecer una memoria de cálculo mucho más precisa que ayude a regular el mercado sin caer en excesos, o elevar la importación de gasolina para saturar el mercado, es decir, la solución debe venir del lado de la oferta del bien, no de la regulación del precio per se, ya lo dice el refrán “no hagas cosas malas que parezcan buenas”.
- MGPP Cynthia Valeriano López
- Profesora de Economía
- Tec de Monterrey, Campus Toluca
- cvaleriano@tec.mx
