Ejecutivo, organismos descentralizados y órganos autónomos de la entidad deben aclarar más de 56 mil millones de pesos utilizados el año pasado
La Comisión de Vigilancia del OSFEM dio inicio al análisis de la Cuenta Pública 2023, ejercicio que se empleo un presupuesto de 360 mil 206 millones de pesos en una administración estatal dividida en 9 meses por el mandato del ex gobernador Alfredo del Mazo Maza, los últimos tres meses de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez.
El informe presentado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) abarca 118 entidades fiscalizables, que incluyen dependencias del Poder Ejecutivo, organismos auxiliares y autónomos, así como los tres poderes del estado. Las auditorías revelaron irregularidades significativas por un monto acumulado de 56 mil millones de pesos.
Miroslava Carrillo Martínez, titular del OSFEM, detalló que las observaciones identificadas alcanzan al Poder Ejecutivo con 31 mil 983 millones de pesos; organismos auxiliares, con 14 mil 539 millones; y programas sociales, con 6 mil 627 millones. Adicionalmente, se detectaron observaciones en el Poder Judicial (623 millones) y en fideicomisos (887 millones).
Entre las áreas más señaladas se encuentran la Coordinación de Comunicación Social, el Hospital Regional de Zumpango y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), que acumulan irregularidades en comprobación de gastos, adquisiciones y desempeño.
“La falta de comprobación de gastos y el incumplimiento en los procedimientos de adquisición han sido constantes. Las entidades deben priorizar procesos de licitación pública”.
Los programas sociales tampoco quedaron exentos. Iniciativas como Salud para la Mujer y Oportunidades para los Jóvenes mostraron problemas en el cumplimiento de metas, carencia de expedientes y mecanismos insuficientes para medir resultados, además de que en algunos casos, no se pudo verificar que los recursos llegaran a los beneficiarios previstos.
Actualmente, las observaciones están en etapa de aclaración. Las dependencias tienen un plazo de 30 días hábiles para responder con documentación adicional, mientras que el OSFEM dispone de 120 días para evaluar estas respuestas y determinar si las irregularidades persisten.
“No estamos hablando de presuntos responsables en este momento. La etapa de aclaración permite que las entidades presenten su información y ejerzan su derecho de defensa”, explicó la auditora superior.
El próximo paso en la revisión incluye las cuentas públicas de municipios y organismos descentralizados, con un presupuesto fiscalizado de 105 mil 530 millones de pesos, lo que añade una capa de complejidad al ejercicio de transparencia que encabeza el OSFEM.
Alberto Dzib
