Aunque se adelantará el inicio de la organización electoral, se descarta que el presupuesto requerido vaya a ser mayor
Alberto Dzib
El Congreso del Estado de México rechazó que la reforma electoral aprobada para adelantar el inicio del proceso electoral estatal implique un incremento importante en el gasto público, pese a que en 2020 el ajuste contrario se justificó bajo argumentos de austeridad y ahorro presupuestal.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, sostuvo que el cambio busca dar más tiempo de organización al Instituto Electoral del Estado de México y no ampliar de forma significativa la estructura operativa o el número de contrataciones.
La reforma aprobada por el Congreso local establece que los procesos electorales ordinarios arrancarán nuevamente en septiembre del año previo a la elección y no en enero del año electoral, como ocurría desde 2020, cuando la LX Legislatura modificó el calendario bajo el argumento de generar ahorros superiores a 50 millones de pesos por proceso electoral.
De acuerdo con el legislador, el ajuste responde a necesidades técnicas y logísticas del IEEM para preparar con mayor anticipación la elección de 2027, particularmente en la instalación de juntas distritales y municipales.
“Le estamos ayudando al instituto electoral a que pueda iniciar el proceso de elección en septiembre. Necesitan contratar 125 edificios para las juntas locales y 45 juntas distritales, y eso empezaría en enero porque no pueden contratarlo antes”, explicó.
Vázquez Rodríguez afirmó que el nuevo esquema no representa un gasto oneroso porque no implica contratar desde septiembre a toda la estructura electoral eventual, sino adelantar parte de las tareas preparatorias vinculadas con inmuebles, planeación y organización.
“No van a contratar a toda la gente, simplemente se adelantará unas contrataciones, pero no es nada oneroso… el tiempo no tiene precio, lo que es ganarle tres meses a la elección, a la organización, a la planeación y a la estrategia”, señaló.
El legislador indicó que el eventual incremento presupuestal sólo podría ocurrir si coincidieran en tiempo una elección judicial y una elección constitucional local, debido a que la instalación de casillas judiciales tendría que realizarse en espacios distintos a los utilizados para los comicios partidistas.
En ese escenario, explicó, podrían requerirse recursos adicionales para habilitar alrededor de 9 mil casillas judiciales independientes de las 18 mil casillas previstas para la elección ordinaria.
La modificación al calendario electoral revierte parcialmente la reforma aprobada en mayo de 2020, cuando el Congreso mexiquense redujo cuatro meses al proceso electoral local y argumentó que ello permitiría ahorrar más de 13.5 millones de pesos mensuales como parte de una política de austeridad y racionalización del gasto.
